l biólogo e investigador del CADIC-Conicet, Gustavo Lovrich, advirtió sobre los riesgos de avanzar con la acuicultura en Tierra del Fuego sin un marco de control ambiental riguroso. Sostuvo que la reciente aprobación legislativa habilita un nuevo escenario, pero que la clave estará en cómo se reglamente y aplique la norma: “La reglamentación va a ser más determinante que la misma norma”, señaló.
Indicó que, en un contexto donde el Estado presenta limitaciones estructurales para controlar, la falta de fiscalización y de capacidad técnica podría agravar los efectos negativos. “No se hace solo con buenas intenciones. Esta es una industria que tiene impactos ambientales importantes”, remarcó.
Lovrich cuestionó la falta de confianza en los organismos públicos responsables. Describió a la Secretaría de Pesca provincial como una institución con baja visibilidad y escasa rendición de cuentas. “Tampoco sabemos qué es lo que quieren hacer. No sabemos cuál es el próximo paso”, advirtió. Según explicó, incluso los espacios de diálogo institucional como el Foro de Pesca Artesanal fueron desactivados: “El Estado provincial abandonó el único lugar donde se podían discutir cuestiones de pesca y acuicultura”, afirmó.
Uno de los puntos centrales de su planteo es la necesidad de cumplir con el artículo 6 de la ley, que establece una Evaluación Estratégica Ambiental. “Es algo así como un análisis territorial que establece dónde se pueden hacer cosas y dónde no. Eso se podría haber hecho desde 2019”, afirmó. En su visión, la implementación inmediata de esa evaluación sería un gesto concreto de voluntad de planificación: “Si lo primero que hacen es convocar a una Evaluación Estratégica Ambiental, estamos por el buen camino”.
El investigador también se mostró escéptico sobre la posibilidad de una fiscalización eficaz por parte del Estado. Mencionó como antecedente negativo la experiencia chilena, donde los controles llegaron tarde y no evitaron prácticas dañinas. “La reglamentación siempre va atrás de la práctica. Las malas prácticas van primero, después viene la ley”, explicó.
Consideró valiosas las propuestas de generar observatorios ciudadanos u otros mecanismos de monitoreo social. Sin embargo, advirtió que requieren voluntad política. “La autoridad tiene que permitir hacerlo. Normalmente cualquier trabajo implica financiamiento. Y eso es lo que falta”, sostuvo.
Lovrich planteó la necesidad de un liderazgo institucional que no solo habilite la participación, sino que la articule con responsabilidad técnica. “Se necesita un proceso de liderazgo. Si no, todos terminamos enojándonos y cada uno hace lo que quiere”, afirmó.
